El imperio del Derecho

La sentencia histórica del Tribunal Supremo sobre el 'procés' deja claras las responsabilidades penales contraídas por los dirigentes independentistas que, sin haber incurrido en el grado de violencia organizada que requería la aplicación del supuesto de rebelión, protagonizaron comportamientos de suficiente gravedad como para ser ... condenados por sedición y malversación de fondos públicos. El desarrollo del juicio ya demostró que los acusados no podían diluir las decisiones y actuaciones en las que habían tomado parte, mientras reivindicaban la sucesión de acciones flagrantemente atentatorias contra el Estado de Derecho que impulsaron entre septiembre y octubre de 2017. Desde la aprobación parlamentaria de las llamadas «leyes de desconexión» hasta la declaración unilateral de independencia, pasando por la concentración intimidatoria ante la sede del Departamento de Economía de la Generalitat cuando era registrada por la Policía y la celebración de un referéndum ilegal. El fallo desgrana los hechos probados e impone penas elevadas, aunque no tanto como las reclamadas por la Fiscalía al haberse impuesto las tesis de la Abogacía del Estado. La posibilidad de que los condenados estén en condiciones de aspirar al tercer grado con prontitud -también podrán recurrir al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos- atenúa la carga penitenciaria que comporta una sentencia dictada tras un procedimiento que ha respetado de forma escrupulosa la independencia del Poder Judicial, y todas las garantías y la transparencia exigibles a una democracia avanzada como la española. Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel, cuestionó este extremo al expresar su deseo de «vivir en un Estado democrático». Pero la anomalía de lo ocurrido no se encuentra ni en el juicio ni en su desenlace final, sino en el propósito independentista de romper con el resto de España mediante la vulneración continuada de la ley. Las formas son el fondo de la democracia. El secesionismo no puede erigirse en baluarte de la libertad cuando hizo de su mayoría parlamentaria en Cataluña un instrumento negador de su pluralidad, desdeñoso con las normas autonómicas y las bases constitucionales de la convivencia, hasta dar lugar a una dinámica sin control alentada desde la Generalitat. Por eso mismo, tan relevante como la sentencia es la actitud que adopte ante ella, más allá de los exabruptos con los que reaccionó ayer.