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Pedro Sánchez se ha visto forzado a afrontar una sucesión de circunstancias excepcionales que han condicionado por completo su mandato. Ningún gobernante en la historia reciente de nuestro país ha debido gestionar una pandemia de la magnitud de la que acaba de sufrir el planeta, ... a la que ha seguido la guerra en Ucrania. Ello puede justificar una utilización más intensa de lo habitual de la figura del decreto-ley, reservada según la Constitución para casos de «extraordinaria y urgente necesidad», como los que sin duda se han dado desde su llegada a la Moncloa. Pero no un uso abusivo de esa herramienta como el que está realizando el Gobierno, que ha recurrido a ella hasta en 126 ocasiones, lo que ha pulverizado todos los récords precedentes y choca con los justificados reproches del actual presidente a Mariano Rajoy, que también empleó ese arma de forma inadecuada, pero sin llegar ni de lejos a estos extremos. Recurrir reiteradamente a los decretos-leyes como mero atajo para acelerar la entrada en vigor de determinadas medidas, aun a costa de hurtar el necesario debate sobre ellas y la posibilidad de presentar enmiendas, es una forma de gobernar impropia de un sistema parlamentario avanzado.
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