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El Congreso de los Diputados convalidó ayer el decreto ley de ayudas a las empresas por la pandemia (11.000 millones de euros, de ellos 7.000 de ayudas directas), solo con el apoyo de PSOE, Podemos, ERC y algún partido minoritario. La vicepresidenta Nadia Calviño escuchó críticas de toda la oposición, que considera que estas ayudas llegan tarde y son insuficientes. Una realidad, intereses políticos aparte, incontrovertible. Como incuestionable es la falta de justificación objetiva a la marginación que han sufrido, entro algunos otros, los sectores vitivinícola, del calzado y del mueble, tres pilares de la industria de La Rioja que han quedado fuera del reparto y que pueden encontrar en el proceso de tramitación del proyecto de ley, que es como se va a diligenciar esta norma, la oportunidad para verse reconocidos como damnificados por la pandemia y acreedores de las ayudas. En el Congreso se afeó al Ejecutivo que el decreto no se consultase ni con la oposición ni con las comunidades autónomas. No debe caer ahora en el mismo error. No obstante pudiera tener la tentación, el Gobierno riojano debe permanecer vigilante y mostrarse exigente en la reivindicación que la propia Concha Andreu se comprometió a abanderar («bregar por todos los rincones», dijo) así como inflexible en la defensa de los intereses de estas tres ramas esenciales en el árbol del empleo y de la producción de riqueza en la región.
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