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Voy a hablarles de dos historias, una de las cuales conocen bien, pero la otra nada, acaecidas en Logroño hace unas semanas. Puede que cada una, por separado, les resulte indignante. Pero ya verán que, como hechos que ocurrieron simultáneamente en dos centros sanitarios separados ... por siete minutos en coche, la indignación se potencia.
La primera es la de un chaval de once años que en plena pandemia amaneció con casi 40 de fiebre. Sus padres son españoles (el padre, logroñés) y aunque nació y reside habitualmente en un país no comunitario, posee DNI y pasaporte español y circunstancialmente está empadronado y escolarizado en La Rioja. Lo llevaron a un centro de salud donde le realizaron el preceptivo hisopado nasal para determinar la PCR, pero cuando alguien reparó en su situación, les comunicaron que como el niño «no es español» tenían que pagar el test a través de algún seguro privado. Con la incertidumbre de una posible infección por COVID-19 y una clase de Primaria amenazada de confinamiento, los padres se mostraron dispuestos a abonar la prueba de su bolsillo, pero como no era posible les invitaron a buscarse la vida en un laboratorio privado. Al final, la muestra obtenida no se envió al laboratorio, por lo que no se pudo conocer el resultado.
La otra historia está protagonizada por un político saharaui del que me importa poco si está acusado de pretendidos delitos de violación, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas, desapariciones y lesa humanidad. A lo que voy es a que, mientras esto sucedía, se recuperaba en la UMI del San Pedro (durante mes y medio, con un coste diario de miles de euros), donde ingresó con identidad falsa, tras burlar todos los controles aduaneros por orden del Gobierno de España, trasladado desde Zaragoza por una ambulancia del SERIS. Tampoco quiero cargar ahora las tintas sobre las conocidas pésimas consecuencias ocasionadas a España por tocarle los dátiles al sátrapa de Mojamé con semejante chapuza diplomática, de la que ningún integrante de la banda de Sánchez se ha responsabilizado. Tampoco lo hará nadie por haber despachado de un centro de salud a un niño español con fiebre alta después de haberle tocado literalmente las narices, pretextando que no estaba adscrito a una tarjeta sanitaria, un trámite intentado una y otra vez sin conseguir cita en la oficina de la Seguridad Social. ¿Lo estaba, acaso, el señor 'Mohamed Benbatouche', quiero decir Brahim Gali? Entonces, ¿le exigieron un seguro privado para poder recibir su tratamiento?
Si estas dos historias confluyentes en la misma vergüenza les han indignado sin conocer al chaval, imaginen a su abuelo.
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