Grietas en la Eurocámara

La credibilidad del Parlamento Europeo está en entredicho por las sospechas de corrupción que mantienen encarcelados o bajo investigación a la destituida vicepresidenta Eva Kaili, familiares suyos, asesores y exeurodiputados, acusados de aceptar sobornos de Qatar a cambio del blanqueo de un régimen autocrático caracterizado ... por la sistemática violación de los derechos humanos. El escándalo, el más grave de cuantos han sacudido las instituciones comunitarias en las últimas décadas, revela inquietantes grietas en unos mecanismos de control que es preciso reforzar de forma urgente y con contundencia. Tras prometer que «no habrá impunidad», la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha anunciado «una profunda reforma» en ese sentido que plantea, entre otras medidas, un «registro obligatorio de transparencia» de todas las reuniones y contactos con responsables y organizaciones de fuera de la UE y grupos de presión. Es injustificable que ahora no exista. Parece también evidente la necesidad de una vigilancia más estrecha de la actividad de los lobbies y de ONG que, como las implicadas en este caso, funcionan como tapaderas al servicio de intereses espúreos. Los repugnantes hechos que hasta ahora han trascendido –incluidas las bolsas repletas de dinero en poder de varios encausados– constituyen la punta del icerbeg de unas investigaciones desarrolladas durante cuatro meses que afectan a cargos socialistas, aunque no es descartable que salpiquen a otras formaciones. La supuesta compra de voluntades por parte de Qatar y, según diversos indicios, también de Marruecos reviste una singular trascendencia al minar la confianza en la única institución de la UE que eligen directamente los ciudadanos, la mejor valorada y que, además, ejerce de brújula moral pese a sus limitadas competencias en comparación con los parlamentos nacionales. La mancha en su prestigio se extiende al conjunto de la Unión y da alas a los populismos de diverso signo que amenazan la democracia. De ahí que sea preciso llegar hasta el fondo del 'Qatargate' depurando cuantas responsabilidades corresponda. Y habilitar a la mayor brevedad, tanto en el Parlamento Europeo como el resto de los organismos comunitarios, fórmulas efectivas para reforzar la transparencia y combatir la corrupción. Se trata de una obligación legal, ética e ineludible destinada a proteger los valores en los que se fundamenta la UE. Hay demasiado en juego como para cometer errores.