Un gravamen de campaña

Los bancos españoles operan como firmas transnacionales. Los beneficios que obtienen son de miles de millones de euros, pero sobre cifras de negocio de centenares de millones en una economía global. Resulta jurídicamente azaroso y hasta temerario atribuir tales o cuales resultados en los balances bancarios a la utilización ventajista de las crueldades que acompañan a una guerra híbrida. Eso es de lo que advierte el informe del BCE. Pero lo que queda más en el aire son las consecuencias finales de una norma que el BCE reconoce depositada en la libre disposición del Parlamento español. Puede que sirva para incrementar como expectativa los ingresos presupuestarios, aunque a costa del retraimiento inversor del sector financiero. Puede que la norma alinee votos a su favor entre 2022 y 2023, pero a ciegas respecto a sus efectos reales. Se constata que tres crisis consecutivas en quince años están incrementando las diferencias entre los que más tienen y los que han desistido de llegar dignamente a final de mes. Pero el tótem del gravamen bancario no representa solución alguna para las dificultades sociales y los desafíos económicos a los que se enfrenta el país. La vicepresidenta primera Nadia Calviño debe saberlo.