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La Unión Europea se halla inmersa en los prolegómenos de una batalla decisiva que condicionará su futuro: la reforma del Pacto de Estabilidad. El 'shock' económico que supuso la pandemia obligó a suspender las reglas fiscales que fijan el límite de la deuda de cada ... país en el 60% del PIB y el del déficit en el 3%. La urgencia de impulsar la actividad a través de un fuerte aumento del gasto público prevaleció sobre la ortodoxia hasta que fuera superada la crisis, una medida tan acertada como inevitable cuyo mantenimiento suscita diferencias en la UE. Las políticas expansivas destinadas a favorecer el crecimiento han resultado exitosas en un tiempo récord al precio de un deterioro de las cuentas nacionales, muy desigual entre los estados. Pero ni pueden mantenerse más allá de lo estrictamente necesario ni son gratuitas, ya que engrosan una abultada factura que, antes o después, habrá que pagar con ajustes. El Gobierno español esgrime con razón que carece de sentido pretender el regreso inmediato a las mismas normas previas al COVID cuando las circunstancias son muy distintas. Cuenta con el apoyo de Francia e Italia, mientras Alemania y los socios 'frugales' son partidarios de volver cuanto antes a la disciplina.
No está en discusión la conveniencia de unas disposiciones comunes que velen por combinar una vigorosa expansión económica y unas saneadas finanzas que permitan encarar crisis futuras. Sí hasta cuándo mantener la barra libre en el gasto, y cuáles deben ser los topes a la deuda y el déficit y los plazos para alcanzarlos. Pedro Sánchez ha mostrado en público sus diferencias en este terreno con el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, ante el que defendió el cambio de unas reglas fiscales «demasiado complejas» y «difícilmente cumplibles».
Europa debe aprender de los errores de la gran recesión y evitar una retirada prematura de las medidas para combatir la pandemia que ponga en riesgo la recuperación. Procede aplicar con flexibilidad y prudencia unas normas adaptadas a la realidad post-COVID. España está muy lejos de cumplir las ahora suspendidas. Hacerlo a corto plazo exigiría draconianos ajustes, pero prolongar el proceso no impedirá esfuerzos de los que nadie quiere hablar. La posición del Gobierno será más sólida si a sus demandas de una rebaja de tales exigencias y tiempo suficiente para respetarlas añade como contrapartida un plan creíble para reducir unos desequilibrios insostenibles.
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