El anuncio de que Ferrovial someterá a la junta de accionistas el traslado de su sede central a Países Bajos, previa conversión de su filial neerlandesa FISE en matriz del grupo, ha desatado este miércoles dos reacciones encontradas: la indignación mostrada por el Gobierno y ... un ascenso, aunque leve, de su valor en Bolsa. La vicepresidenta Nadia Calviño trasladó su profunda contrariedad al máximo responsable de la compañía, Rafael del Pino, y la hizo pública. Su vehemente insistencia en que la decisión es «inaceptable» por tratarse de una empresa que «debe todo a España» al haber crecido durante décadas gracias a las inversiones del Estado en infraestructuras evidenció que el Ejecutivo acusa el golpe. Es lógico que la medida genere inquietud e, incluso, decepción. No por su impacto económico, sino por el daño que pueda causar a la imagen del país. El hecho de que entre los motivos alegados figure la estabilidad y seguridad jurídica del nuevo destino no es irrelevante a estos efectos, aunque tampoco debe ser sobredimensionado.
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Ferrovial justificó el cambio de sede en que el 82% de su negocio y el 90% de la accionariado no son españoles, por lo que le resulta lógico favorecer su dimensión internacional con Países Bajos como centro de operaciones por las ventajas de la calificación crediticia AAA de ese socio de la UE, su deuda contenida y una baja prima de riesgo sostenida en el tiempo que facilitan la financiación de nuevos proyectos. La deslocalización no modifica de manera sustancial la realidad de un grupo eminentemente transnacional, que cotizará simultáneamente en Madrid, Amsterdam y Nueva York, y cuyas inversiones se dirigen de forma muy mayoritaria hacia Norteamérica. El traslado supondrá una rebaja mínima de sus obligaciones fiscales y de su aportación al erario español.
Aunque la decisión se asiente en sólidos argumentos por la estructura de los negocios de la compañía en una economía globalizada, Ferrovial no había ofrecido ningún indicio de que la estuviera preparando. Otras multinacionales españolas presentan una situación similar sin que se hayan planteado hasta ahora movimientos de ese tipo. Los recientes ataques de miembros del Gobierno a grandes empresas no tendrán nada que ver con esta medida, pero tampoco son la mejor fórmula para evitar que se repitan casos así. Resulta preocupante que en España no exista un clima de consenso político y de sintonía institucional proclive a retener valor, talento y riqueza.
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