El Consejo de Ministros aprobó ayer decretos-ley para la equiparación de las bajas por paternidad con las de maternidad, para la igualdad de género en las empresas, para mejorar las condiciones en el alquiler de vivienda y para prever un 'brexit' sin acuerdo. Junto ... al propósito de desgranar su 'agenda social' al tiempo que el calendario se aproxima a la campaña electoral propiamente dicha, el Gobierno de Pedro Sánchez persigue el objetivo de proyectar hacia la opinión pública la sensación de continuidad al frente del país, alentando la verosimilitud de que el presidente y los socialistas seguirán donde están tras los comicios del 28 de abril. La idea de que Sánchez disuelve las Cortes Generales pero mantiene el Gobierno en plenitud de funciones constituye una estrategia de comunicación imprescindible para quien llegó a La Moncloa en unas circunstancias sin precedentes. El próximo martes 5 de marzo se hará efectiva la convocatoria electoral en el BOE.

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A tenor de lo manifestado ayer, al término del Consejo de Ministros, por la vicepresidenta Carmen Calvo, el Gobierno tiene intención de proseguir «con el mismo ritmo», adoptando iniciativas de naturaleza legislativa, independientemente de que cuente con la mayoría necesaria en la Diputación Permanente para su aplicación. No es la primera vez que ocurre en el tránsito de una legislatura a otra; pero nunca se procedió a apurar la potestad jurídica de un Ejecutivo de salida de manera tan ostensible. Es indudable el interés social que acompaña a decretos-ley como los que aprobó el Gobierno. Miles y miles de ciudadanos se sentirían ayer atendidos en sus necesidades por las modificaciones legales propuestas en el Consejo de Ministros.

Pero resulta contradictorio que Pedro Sánchez resuelva dar por acabada la legislatura tras la obligada retirada de su proyecto presupuestario para, acto seguido, echar mano de la prórroga automática de las cuentas de Rajoy con la intención de afrontar la financiación de unas cuantas medidas de indudable atractivo. Acompañando las iniciativas con el emplazamiento al resto de los grupos parlamentarios para que las secunden si no quieren verse señalados en medio de la contienda electoral. Lo coherente hubiese sido que el Gobierno aprobara los decretos-ley de ayer durante 2018; porque podía haberlo hecho y no lo hizo. Lo que no puede es quejarse de que sus adversarios políticos tachen de electoralista su impulso legislativo fuera de tiempo.

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