Garantizar las pensiones

El gasto mensual en pensiones superó en enero los 10.000 millones de euros por primera vez en la historia. Ni siquiera el descenso sin precedentes de 64.000 beneficiarios el pasado año a causa de los estragos provocados por el covid pudo corregir un imparable aumento del gasto, que asfixia las cuentas de la Seguridad Social y hace inevitable una reforma del sistema para garantizar su sostenibilidad futura. Las recomendaciones trasladadas al Gobierno por la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo constituyen una valiosa aportación, fruto de un acuerdo político de amplio espectro como el que requiere una cuestión tan sensible. El Ejecutivo habrá de tenerlas en consideración, pero deberá ir mucho más allá con medidas que superen su carácter genérico y afronten con valentía un grave problema que no admite más parches ni demoras.

El desbocado déficit que arrastra el modelo por el envejecimiento de la población obliga a actuar con firmeza. Máxime cuando a las preocupantes consecuencias de la crisis demográfica está a punto de sumarse una avalancha de jubilaciones de la generación del 'baby boom', que agravará hasta extremos difícilmente soportables el desequilibrio entre ingresos y gastos. Y cuando la Comisión Europea condiciona los 140.000 millones en ayudas previstos para España a esa reforma y la del mercado laboral. Las tensiones desatadas en el Gobierno por el documento al respecto enviado a Bruselas demuestran la dificultad del intento mientras la clase política siga aferrada al cortoplacismo y no baje a una realidad que en este caso es incompatible con la demagogia.

El tiempo se agota. Llega la hora de adoptar decisiones aparcadas por su carácter impopular, pero ineludibles para asegurar unas prestaciones públicas dignas a medio plazo. El catálogo donde elegir es conocido: ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, ajustar la edad efectiva de jubilación a la legal, retrasar esta última, elevar las cotizaciones sociales, subir impuestos para financiar con ellos el sistema... Existen suficientes herramientas para propiciar cambios graduales con un impacto limitado sobre los nuevos beneficiarios. La inacción no es gratuita. Cuando más se retrase la reforma, mayor tendrá que ser su alcance y mayor el riesgo de cometer una clamorosa injusticia: que su coste sea endosado en exclusiva a una parte de los ciudadanos que mantienen hoy el modelo.