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Hasta que el 10 de noviembre de 2026 concluya la concesión de la autopista AP-68 a Avasa, empresa filial de Abertis, el galimatías administrativo de tramos gratuitos, peajes bonificados, descuentos condicionados y demás suerte de ingenios financieros que surten las cabinas de sus 295 kilómetros seguirá alimentando inauditas diferencias entre usuarios. Diferencias circunstanciales fundamentadas en la residencia, la preferencia por tal o cual sistema de pago o la frecuencia con la que recurre a este o aquel itinerario.
Semejante colección de recursos es la reacción con la que las administraciones autonómicas afectadas por el paso de la autopista han tratado de paliar las consecuencias que para sus ciudadanos tuvo y tiene la ampliación del derecho de explotación de la infraestructura hasta noviembre del 2026, decisión rubricada por el gobierno de José María Aznar en el año 2000, siendo Francisco Álvarez Cascos ministro del ramo. Porque la AP-68 debería haber levantado todos sus peajes en 2011, y ahí siguen. Es aquí donde radica la única discriminación que afecta por igual a todos los usuarios, sean de donde sean, vivan donde vivan, paguen como paguen o circulen por el tramo que circulen.
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