El futuro de la Guardia Civil

La reivindicación que mantiene desde su nacimiento Jucil es la equiparación salarial con el resto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero las diferencias crecen mientras nos cuentan que «están en ello» o «que se está estudiando». La brecha salarial ha crecido entre lo que cobra una guardia civil y lo que percibe una mujer integrada en los Mossos d'Esquadra. Y las cosas empeoran con la jubilación: un policía autonómico se puede retirar a los 59 años; a un guardia civil se le obliga a arrastrar su vida laboral hasta los 65 años y cobrará 7.000 euros menos al año que el anterior, que lleva seis años disfrutando de su pensión.

La plantilla sigue sometida al Código Penal Militar en su servicio policial y en su vida diaria. Una normativa arcaica, abusiva, discriminatoria y arbitraria. Si preguntas cómo va el cambio de estas viejas, anticuadas y caducas normas responden con un «en cuanto tengamos ocasión». Las horas extraordinarias excesivas no han desaparecido. Continúan las jornadas prolongadas sin el correspondiente descanso entre ellas, con calendarios cambiantes que hacen difícil la conciliación de la vida personal y laboral. Llevamos meses intentando que se acepte un turno genérico similar al de nuestros compañeros de la Policía Nacional. Lo están estudiando. Junto a lo anterior, el drama en los cuarteles: el suicidio. Una lacra a la que debe de aplicarse con la máxima urgencia un cambio de actitud que ayude de forma eficiente y efectiva a los posibles afectados a salir de esta situación.

Las necesidades y reclamaciones en el Cuerpo son numerosas y abarcan todos los ámbitos. En el campo de la salud, por ejemplo, seguiremos en nuestro empeño de llevar ante la justicia a los responsables de la Generalitat de Cataluña que negaron la vacunación a los guardias civiles solo por serlo. Un hecho reconocido por el Tribunal Supremo. También nos preocupa la alarmante falta de medios e incentivos para los guardias. Recordaremos y reclamaremos a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que se estudiaría para el Campo de Gibraltar su declaración como zona de especial singularidad cuando se ha visto cómo se agravaba la situación este verano.

El narcotráfico y la inmigración ilegal organizada han perfeccionado sus métodos y se imponen, cada vez más, a la sociedad en un sistema mafioso similar a los que sojuzgan regiones en otros países. Es necesaria una respuesta especializada de los profesionales que trabajan en condiciones precarias, sin incentivos económicos ni materiales y sin equipamientos suficientes para responder al salto tecnológico y de violencia observado en las organizaciones criminales. Y mientras nos dan largas se desmantelan servicios especializados como el órgano de coordinación frente al narcotráfico en Andalucía.

La escasa formación ofrecida, la austeridad y la veteranía de las instalaciones, la arbitrariedad de traslados, comisiones de servicios o condecoraciones, son otros asuntos que hemos tratado en el Consejo de la Guardia Civil durante un año sin avances. Los Gobiernos que se han sucedido en España jamás han apostado por la igualdad, ni han cumplido con la equiparación salarial. Nos prefieren discriminados, sin recursos, empobrecidos moral y económicamente. Una triste realidad.