Una fusión oportuna

Si finalmente se materializa, la integración –más defensiva que con vocación expansiva– daría lugar al mayor grupo español y aseguraría su afianzamiento en el conjunto del país. Pero su alcance sería mucho mayor que la suma de los capitales y las estructuras que hoy representan sus dos protagonistas al alejar incertidumbres con la creación de un gigante sólido en condiciones de afrontar con las máximas garantías los vaivenes que sufre la banca. Que la fusión llegue a buen puerto y en un breve plazo forma parte ya del interés general, por lo que es de desear que no surjan reacciones ajenas a sus actores que dificulten o enturbien el proceso. Bankia está participada por el Estado en un 60% a raíz de su rescate con una aportación de 22.400 millones de euros. Pero el valor de esa participación se ha reducido tanto en el mercado que nadie –mucho menos desde el Gobierno– debiera reclamar ni la continuidad del Estado en el capital del banco resultante ni la recuperación total de la suma aportada en su momento.

La operación cuenta con el aval de la vicepresidenta Nadia Calviño, pero es rechazada por Unidas Podemos, que la juzga «preocupante para la economía española» en una nueva contradicción en un asunto esencial entre los dos socios en el Gobierno. Corresponde a las entidades fijar los términos que consideren más idóneos para la integración. Pero habrán de procurar que las necesidades del banco final prevalezcan sobre las aspiraciones de partida de cada una de ellas. Y es prioritario contener los efectos socialmente adversos de los reajustes que afecten a los empleados de Caixabank y Bankia, una situación preocupante en La Rioja, en donde las dos entidades suman casi 400 trabajadores.