Pedro Sánchez recurrió este viernes una vez más a su táctica de cubrir una encendida polémica con otra decisión que también genera controversia y que, al situarse en el foco por su novedad, arrincona a la anterior. La reforma a la carta del delito de ... malversación para favorecer a los líderes del 'procés' a instancias de ERC no solo ha soliviantado a la oposición, sino rebelado incluso a barones socialistas, temerosos de que esa cesión al independentismo les penalice en las urnas en mayo. El mismo día en el que finalizaba el plazo de enmiendas a la proposición de ley que modifica el Código Penal y suprime la sedición, el PSOE y Unidas Podemos abrieron otro frente al incluir en ella fórmulas para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional torpedeada por el PP y forzar su inmediato control por el sector progresista.
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Ambos grupos plantean una rebaja de la mayoría necesaria para que el Consejo General del Poder Judicial designe a los dos magistrados que le corresponden. Pasaría a ser simple frente a los tres quintos actuales; los mismos que deben reunir el Congreso y el Senado para nombrar a los suyos, según establece la Constitución para propiciar el consenso de los grandes partidos. El Gobierno ya amagó con rebajar ese listón a las Cortes Generales en la renovación del Consejo. Las severas advertencias de la Comisión Europea le forzaron a rectificar. Resulta injustificable el bloqueo al que el PP ha sometido a instituciones básicas del Estado, pero la solución ha de respetar de forma escrupulosa el espíritu y la letra de la Carta Magna, además de preservar el prestigio de la Justicia.
El ruido suscitado por esta iniciativa ha ocultado en parte el de la rebaja de penas a la malversación sin ánimo de lucro, que ERC pretende dejar en un máximo de tres años de cárcel. Ahora son doce. Una enmienda del PSOE prevé el mismo castigo para el enriquecimiento ilícito de altos cargos. La actual regulación puede ser susceptible de mejora, aunque parece cuestionable que resulte menos grave el desvío de fondos públicos para atacar al Estado o perpetuarse en el poder que para el disfrute personal. Reformar el Código Penal para favorecer a socios del Gobierno con nombre y apellidos y negociar los cambios con condenados por esa causa tensiona los buenos usos democráticos. El precedente de los agujeros en la ley del 'sí es sí' debería evitar que este guiño al independentismo derive en ventajas para los encausados en casos de corrupción, a los que está asociado este delito.
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