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Pedro Sánchez ha tenido la habilidad de escenificar el aparcamiento de la polémica reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como una prueba del algodón para verificar la sinceridad del giro centrista dibujado por el PP durante la moción de ... censura de Vox y reanudar las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Ese movimiento oculta, en realidad, una obligada rectificación dadas las serias dudas de constitucionalidad que presenta la propuesta y las reiteradas reticencias mostradas hacia ella por la Comisión Europea al entender que puede atentar contra uno de los pilares básicos de la UE: la independencia del Poder Judicial. De hecho, el presidente anunció su decisión horas después de que el comisario de Justicia pidiera explicaciones al Gobierno sobre la pretendida rebaja de la mayoría cualificada de dos tercios del Congreso y el Senado para nombrar a los vocales del CGPJ. Sánchez no actúa movido tanto por la magnanimidad como porque la Unión le ha advertido de la imposibilidad de traspasar determinados límites. Es necesario un acuerdo que acabe con la interinidad en ese órgano y le despoje de cualquier politización.
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