Fiscalizar los fondos europeos

Resulta imposible que unas cuantas horas de entrevistas con representantes institucionales y agentes sociales permita a una comisión parlamentaria constatar mucho más que lo recogido en sus conclusiones. Airear la hipótesis de que podrían estar dándose irregularidades en la administración de los fondos europeos, como insinuó la oposición, no contribuye ni a una mayor transparencia ni al descubrimiento de eventuales fallas en su buen uso. Todo lo contrario, puede extender una cortina de desconfianza que si acaso favorece la arbitrariedad en tanto que un señalamiento infundado, genérico o partidista, acaba asentando la opacidad. Pero la fiscalización de los fondos europeos tampoco puede entenderse, por parte del Gobierno y sus distintos ministerios o por parte del ministerio Fiscal, como un asunto nacional que soslaye la supervisión de las instituciones de la UE.

Las reflexiones ofrecidas por Hohlmeier en nombre de la comisión europarlamentaria parecieron limitarse al supuesto de que la gestión de los fondos derive en corruptelas. Pero hay más riesgos de que su utilización no se ciña a los objetivos propuestos, se distribuyan de manera discutible teniendo en cuenta los desequilibrios territoriales, los sectores en concurrencia y el tamaño o solvencia de las empresas, o acaben dilapidándose en parte al no asentar proyectos de futuro. Es la vertiente en la que deberían centrarse tanto la supervisión de Bruselas como la dialéctica gobierno-oposición en las Cortes y en las autonomías.