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Fiscalidad global

Fiscalidad global

El Gobierno peca de optimismo en la recaudación de las tasas Google y Tobin, máxime estando pendiente de su tramitación parlamentaria

Miércoles, 19 de febrero 2020, 08:33

El Consejo de Ministros dio cauce ayer a sendas iniciativas fiscales -una tasa digital y otra sobre transacciones financieras- que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenía elaboradas desde hace un año. Ambos proyectos tratan de adecuar el marco tributario español a las nuevas realidades económicas, ... gravando actuaciones que hasta la fecha están libres de contribuir al erario. Pero es necesario tener en cuenta que su eficiencia, e incluso su aplicación real, depende de su armonización con el entorno fiscal europeo y global. El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará con un 3% la publicidad y la intermediación en línea, así como la venta de datos extraídos de los usuarios a compañías que declaren un mínimo de tres millones de ingresos en España y 750 millones de euros en total. Pero su aplicación se pospondrá hasta finales de año en la confianza de que haya acuerdo en el seno de la OCDE para que las grandes compañías tecnológicas paguen impuestos en relación a los beneficios que obtienen en cada país. Una medida que contribuiría a la racionalización de la economía global en términos de mayor justicia fiscal. De hecho, la nueva norma contempla que este año el impuesto no sea liquidado al menos hasta el 20 de diciembre para el conjunto del ejercicio. Con la esperanza de que para entonces entre en vigor un acuerdo internacional que generalice su aplicación y evite represalias por parte de Estados Unidos. Lo que plantea también la eventualidad de que no se haga patente tal acuerdo durante 2020, y el Gobierno pudiera verse obligado a posponerlo al próximo año. La otra medida fiscal gravará con un 0,2% la compra de acciones de empresas españolas cuya capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros, siendo la entidad financiera intermediaria la que materialice la tributación. El problema inmediato que ambas normas fiscales difícilmente pueden sortear es que el coste de los recargos acabe transfiriéndose a los usuarios, y no se aplique realmente sobre los beneficios. El Gobierno quiso ayer transmitir a la opinión pública su convicción de que contará con los recursos financieros necesarios para hacer frente a los compromisos de la «coalición progresista», estimando en 1.818 millones los ingresos por ambas tasas. Una previsión excesivamente optimista, máxime cuando están pendientes de su tramitación parlamentaria.

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