El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, consideró este martes que se trata de un «despropósito» que las comunidades autónomas se hagan competencia fiscal, calificó la supresión del impuesto sobre el Patrimonio de «extraordinariamente regresiva», y abogó «a título personal» por ... la centralización de las competencias tributarias. Respondía así al anuncio, la víspera, de que Andalucía prescindirá del impuesto de Patrimonio y, en general, a las iniciativas de reducción de la presión fiscal en las comunidades gobernadas por el PP. Yendo más allá de la política defendida por los socialistas en cuanto a las atribuciones fiscales de las autonomías, con arreglo al Estado federalizante que conforman. Es cierto que el presidente andaluz, Juanma Moreno, realzó el día anterior la oportunidad que la supresión del impuesto de patrimonio representaría para atraer ciudadanos que se censen en esa comunidad. La dimensión fiscal del Estado de las Autonomías no excluye, lógicamente, tal supuesto. De hecho puede contribuir a la movilidad de personas y empresas dentro del territorio nacional. Pero la competencia interterritorial que el ministro Escrivá deploró no va dirigida a incentivar esa movilidad, sino a procurar que las instituciones de cada autonomía se esmeren en ofrecer un modelo eficiente a reproducir, entre la recaudación y el gasto público, para procurar más progreso y bienestar.
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Cada comunidad supone una realidad social y económica diferenciada de las otras. El Estado de las Autonomías ha propiciado la convergencia en cohesión respecto a las condiciones de partida de las diecisiete. Convergencia que en ningún caso se resiente, sino todo lo contrario, permitiendo que cada comunidad adecue su régimen fiscal, en el marco de sus competencias, a los objetivos políticos que en cada momento establezcan las instituciones autónomas. De modo que no toda medida tributaria diferente a las de otras comunidades pueda ser considerada dumping fiscal, ni toda iniciativa al respecto se vea de entrada como una idea genial. La eficacia, la justicia, la naturaleza igualitaria de una medida no se encuentra en las intenciones proclamadas sino en sus resultados finales. La competencia interterritorial será sana y positiva para el conjunto de España siempre que no se truque la evaluación de esos resultados. Y siempre que las distintas instituciones al cargo –de régimen común, foral o insular– no la eludan rehusando emplear a fondo los márgenes de sus respectivas atribuciones.
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