Un fiasco sin excusas

La amenaza que para la salud y la propia vida de tantas personas supone la extensión de la COVID-19 compromete a todas las instituciones y emplaza a la sociedad entera a respaldar la actuación del Gobierno como autoridad última. A falta de certezas incuestionables, ... es imprescindible que los ciudadanos confíen en la disposición y en la capacidad de sus gobernantes. Pero su ejecutoria ante la crisis pandémica no puede quedar exenta de reflexiones críticas y mucho menos enrocada frente a sugerencias o propuestas que pudieran ser más acordes al desafío. El fiasco con el primer lote de la anunciada adquisición de hasta un millón de test rápidos por parte del Ministerio de Sanidad, cuya fiabilidad y homologación había asegurado Pedro Sánchez el día 16, es un ridículo que echa por tierra la estrategia requerida por la Organización Mundial de la Salud de identificar positivamente a cuantas personas estén infectadas de coronavirus. También la credibilidad de un Ejecutivo que hace ademán de premuras cuando, junto a las comunidades autónomas, debió prever lo que se avecinaba. Es cierto que otros países –Reino Unido, Estados Unidos o México– se han mostrado renuentes a afrontar en serio la pandemia. Y que socios de la UE como Países Bajos y Alemania siguen estrategias distintas a la máxima restrictiva. Pero aun siendo verdad que el estado de alarma dictado por el Gobierno español es más estricto que las medidas con las que una parte de Europa intenta recuperar el tiempo perdido, su gestión de la crisis presenta fallas imperdonables. Si la tardía compra a una empresa china sin licencia de test rápidos que no funcionan resulta escandalosa aún lo es más que los sanitarios que luchan contra el coronavirus carezcan a estas alturas de suficiente material de autoprotección. Ello ha disparado los contagios en este colectivo y acentuado la tensión asistencial en unos hospitales al borde del colapso cuando lo más duro está por llegar, pese a las demoledoras cifras de víctimas. El presidente admitió el miércoles que el Gobierno había cometido errores, pero no los precisó, con lo que la autocrítica no llegó a serlo. Pesa sobremanera la imagen de ministras del PSOE y de Unidas Podemos en la manifestación del 8 de marzo, en pleno inicio de la emergencia, que comportó un riesgo injustificable. La falta de decisión y de previsión interpela severamente al Ejecutivo. Pero sigue siendo él quien debe –y el único que puede– sacarnos del atolladero.