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Ninguno de los cuatro empresarios que ayer se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de La Rioja negó su responsabilidad en la autoría de los delitos que la Fiscalía les había atribuido. El más grave, uno continuado de estafa que les permitió repartirse ilegalmente ayudas públicas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por valor de más 200.000 euros. La unánime conformidad les permitió esquivar el trago de una vista oral que les habría exigido explicaciones y enfrentado a peticiones de prisión de hasta 4 años en el caso de tres de los encausados. Ahora, con la suma defraudada ya reintegrada como es imperativo y las penas reducidas a una multa de menos de 4.000 euros, multa alternativa a los 9 meses de prisión aceptados, surge la duda sobre la virtud ejemplarizante que cabría haber esperado de este fallo de la Audiencia. Ejemplarizante frente a quienes en el pasado, presente o futuro hayan estado o pudieran estar tentados de jugar con las cartas marcadas para beneficiarse ilícitamente de dinero público. De todos los ciudadanos. Y frente a dudas semejantes, se antoja oportuna la apertura de una investigación sobre las ayudas de la ADER por confirmar, como sería deseable, que el caso ayer visto en la Audiencia ha sido solo la excepción en una gestión ejemplar de la Agencia de Desarrollo.
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