Lo que ha fallado

No es preciso incidir en las extraordinarias dificultades para combatir con éxito un virus extremadamente contagioso, con una probada letalidad y que ha puesto en jaque a buena parte del planeta. Sin embargo, cuando un país –España– sufre el mayor castigo sanitario y económico en la primera embestida del COVID y vuelve a situarse entre los más zarandeados en una segunda ola esperada de antemano, parece evidente que su gestión de la crisis deja mucho que desear. Por parte del Gobierno central y también de las comunidades autónomas.

El recorte de derechos fundamentales que implica la actual situación de excepcionalidad hace más necesaria una evaluación de las carencias y los errores que han conducido a ella para corregirlos con la mayor rapidez, de forma que no vuelvan a repetirse en sucesivos rebrotes, que a estas alturas ya nadie descarta, o en eventuales emergencias futuras de otra índole. A falta del menor atisbo de autocrítica por parte de las administraciones, sería aconsejable una auditoría elaborada por expertos independientes, similar a la realizada en países de nuestro entorno y por la que clamaron hace ya semanas científicos españoles. No para buscar culpables ni politizar con fines partidistas una catástrofe sanitaria de escala mundial, sino para contar con un diagnóstico contrastado que ofrezca respuestas a los motivos por los que la crisis epidemiológica ha tenido una especial virulencia entre nosotros e intentar atajarlos. Porque hasta ahora, lo que ha hecho el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos es ir siempre a remolque del COVID, sin haber sido capaz nunca de anticiparse a sus designios.