La profunda crisis económica desatada por la pandemia ha obligado a la Comisión Europea a aparcar la ortodoxia financiera, traducida en un férreo control del déficit y la deuda, y conceder barra libre al gasto público para impulsar una intensa recuperación. Esa fórmula, cuya necesidad no admite discusión, se mantendrá previsiblemente el próximo año y se ha materializado en los respectivos Presupuestos nacionales. En el caso de España, con un fuerte carácter expansivo y unas poco realistas estimaciones de ingresos que con toda probabilidad agudizarán los desequilibrios contables previstos en ellos. El Gobierno de Pedro Sánchez incurrirá en un error si actúa como si esa excepcionalidad fuera a perpetuarse 'sine die'. No es aventurado pronosticar que la UE retomará la senda del rigor en cuanto la actividad se reponga de los efectos del virus, lo que inevitablemente conllevará ajustes y medidas impopulares. El retraso en la recuperación que arrastra nuestro país, cuyo PIB no volverá a los niveles pre-COVID hasta 2023, y sus descontrolados déficit y deuda le obligarán a realizar un esfuerzo superior, que el Ejecutivo no puede ignorar aunque le cause contradicciones internas.

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