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El factor de sostenibilidad es un mecanismo de ajuste automático de ciertos parámetros de las pensiones –edad de jubilación, años de cotización necesarios o importe inicial de la pensión– vinculado a la esperanza de vida de la población y que ya funciona en varios países europeos con el fin de moderar el crecimiento del sistema. Dicho factor se introdujo en la reforma de Rajoy de 2013 pero no se acabó de concretar; la norma decía tan solo que el factor dependería de la esperanza de vida a los 67 años a partir de 2027 y que se revisaría cada cinco años. La aplicación del factor debía comenzar en 2019, pero un pacto entre el PNV y el PP para sacar adelante los Presupuestos de 2018 retrasó su implantación hasta el 1 de enero de 2023. El factor está en contradicción con la actualización de las pensiones según el coste de la vida. Los agentes sociales pensaban que la derogación del factor de sostenibilidad era un hecho, pero ayer el ministro Escrivá declaraba que no se derogará formalmente en este primer paquete de medidas aunque en ellas se recoge el «compromiso firme de derogarlo» como muy tarde en la primera parte del año que viene. Ante esta confusión, voluntaria o involuntaria, la susceptibilidad de los negociadores es perfectamente comprensible.
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