Exprimir las ayudas europeas

El Gobierno está a punto de aprobar un real decreto-ley de medidas urgentes para la ejecución de los proyectos que aspiren a acceder al Fondo Next Generation de la Unión Europea, que asigna 140.000 millones a nuestro país para el periodo 2021-2026. Se trata de agilizar los procedimientos administrativos y de decisión política para activar de inmediato el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El desafío pone a prueba las capacidades de las administraciones públicas y también de las empresas para hacer frente a las exigencias que acompañan a una oportunidad que España no está en situación de desaprovechar. Ello a sabiendas de que somos de los socios europeos que peor han gestionado las ayudas europeas hasta ahora. El objetivo no puede ser otro que disponer de todo el dinero ofrecido por la UE para emplearlo en proyectos social y económicamente rentables. El borrador de decreto-ley establece para ello que la tramitación de cuantas iniciativas se relacionen con el Fondo europeo tenga preferencia entre las tareas de cada instancia administrativa concernida. Al tiempo que dibuja un itinerario propio para la valoración y gestión de los proyectos que concurran a tan extraordinaria convocatoria, eludiendo los pasos obligados en la contratación habitual. Para lo que el registro de proyectos Estratégicos puede estrechar la cooperación entre lo público y lo privado, mientras clarifica la naturaleza misma del Plan. El real decreto-ley pretende acabar con los cuellos de botella administrativos que pudieran impedir una gestión eficiente del Fondo Next Generation. Pero sus disposiciones podrían favorecer que esos cuellos de botella pasen al ámbito de las decisiones políticas, cuando fija una estructura piramidal con la Presidencia del Gobierno a la cabeza y, en el último momento, convierte el Consejo de Ministros en el órgano de dirección y coordinación del Plan. Si ya existen dudas sobre la posibilidad de reconvertir buena parte de la estructura administrativa del Estado –incluidas autonomías e instituciones locales y provinciales– en tiempo récord, la generación de un cuello de botella político en el Palacio de la Moncloa, incluidas las tensiones entre los socios de la coalición PSOE-Unidas Podemos, podría inducir arbitrariedad en las decisiones que se adopten. También por eso sería importante que el Comité Técnico adquiriera mayor rango funcional y ejecutivo en la dinamización del Plan y en la valoración de los proyectos.