La carta remitida por Marruecos a Naciones Unidas, con la que trata de desentenderse de la muerte de decenas de inmigrantes en la valla de Melilla el 24 de junio por la vía de catalogar la ciudad autónoma como un «presidio ocupado» por España, constituye ... un compendio de argumentos inquietantes para la política exterior del Gobierno de Sánchez y para la protección de los derechos humanos. Que Rabat se escude en la reivindicación implícita de la territorialidad de los dos enclaves españoles en el norte de África para intentar sortear la eventual responsabilidad de su estrategia represiva en la tragedia resulta una estratagema tan palmaria que no puede impedir la fiscalización de lo que ocurrió durante aquella avalancha violenta y mortal. Pero que, además, las autoridades marroquíes no pierdan ocasión de seguir reclamando, de una forma u otra, la soberanía sobre Ceuta y Melilla invita a preguntarse una vez más por la concreción en hechos del pacto por el que Sánchez restableció las relaciones con el país vecino. Un pacto sobre el que, seis meses después, sigue planeando la sombra de su intencionalidad cuando ha motivado un giro histórico e inesperado de España sobre el estatus del Sáhara Occidental.
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