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El Tribunal de Cuentas ha detectado un uso excesivo de las contrataciones de emergencia por parte de la Administración autonómica de La Rioja en el año 2020, en plena pandemia del Covid-19. Un exceso que, según entiende el informe del Tribunal, afecta a 96 ... de las más de 550 adjudicaciones realizadas, cuantificadas en 26,7 millones de euros sobre un total de 106. El Tribunal, responsable de analizar los expedientes de los entes autonómicos que carecen de un órgano de control propio, hace extensiva a las gestiones de todos ellos una conclusión similar. Y advierte sin excepciones que la justificación de la emergencia «ha de calificarse como indebida, inadecuada o insuficiente». Más allá de invocar a la innegociable transparencia que debe cualificar todo contrato público, no debe perderse de vista, sin embargo, el momento histórico en el que se celebraron las contrataciones sometidadas al criterio del Tribunal: una situación de pandemia jamás conocida con un desabastecimiento de manufacturas sanitarias y profilácticas que resultaban imprescidibles. Porque no se habla de desvaríos económicos ni de adjudicaciones con comisiones desorbitadas. Quizás, sí, de cierta impericia en la gestión, pero resultaría ventajista cuestionarla fuera de su contexto.
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