La acumulación de las penas dictadas en Francia y en España para cumplir el máximo establecido en nuestro país es una vieja reivindicación de los presos de ETA, que consta en el informe de la organización Sare sobre la «excepcionalidad penitenciaria» que a su parecer ... sufren. Una cuestión de alcance más general que atañe al conjunto de la UE, cuyo Consejo estableció una directiva marco en 2008 que fue traspuesta a la legislación nacional en 2014 mediante ley orgánica tras un pronunciamiento al respecto del Tribunal Supremo. El Gobierno está constitucionalmente facultado para promover la modificación de esa normativa. Pero deberá hacerlo con tal solvencia jurídica, tal anuencia entre los especialistas y tal nivel de acuerdo parlamentario que descarte la sospecha de que se trata de un trueque para adelantar la puesta en libertad de terroristas con graves delitos a sus espaldas a cambio de favores políticos. Entre otras razones, porque la excarcelación de los etarras presos depende de su historial de condenas en firme más que de un arreglo legislativo que no podría refundir o comprimir delitos hasta desfigurar tan execrables hechos como ardid para sortear veredictos de la Justicia.
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