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Las medidas adoptadas para salvar el tejido empresarial afectado por la pandemia –los ERTE han sido un magnífico descubrimiento– no han podido impedir que algunas sociedades en peor situación caigan en la insolvencia y se aboquen al concurso de acreedores. De no haber sido por ... las medidas adoptadas –avales del ICO y otras inyecciones de liquidez–, el 36% de las empresas no hubieran sido capaces de afrontar el pago de sus deudas tras el estallido de la crisis. Es obvio que el problema no está resuelto, que la actividad normal no ha regresado, por lo que el Gobierno ha extendido el periodo de concesión de créditos avalados, el de devolución de los préstamos y el de carencia. Además, las compañías no están obligadas a presentar el concurso voluntario de acreedores hasta el 14 marzo, lo que supone una prórroga frente al plazo inicialmente previsto y que acababa con el año en curso. Este aplazamiento no sólo da oxígeno a las empresas afectadas sino tiempo al Gobierno para modificar las normas y adaptarlas a la nueva realidad. Contener el desempleo y salvar lo máximo del tejido empresarial son las claves de una reconstrucción rápida y eficiente.
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