Estado de desecho

Ítem bastante más. Los expresidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE José Antonio Griñán y Manuel Chaves fueron condenados a cárcel e inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. ¿Debe por ello ilegalizarse el PSOE y abolirse la autonomía andaluza? No parece.

Ítem muchísimo más. El expresidente autonómico de Cataluña Jordi Pujol va a ser juzgado por organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad contractual y delitos contra la Hacienda Pública. Su sucesor, Artur Mas, fue inhabilitado y multado en 2017 por un delito de desobediencia cometida por autoridad o funcionario público. El siguiente, Carlos Puigdemont, huyó de la justicia en el maletero de un coche para no enfrentarse a la detención, juicio y condena por sedición y malversación que le hubiera caído, como a sus compinches. ¿Alguien ha pedido la abolición de la Generalidad catalana o la ilegalización de los partidos liderados por esta dinastía de corruptos? No solo nadie, sino que el actual president, un memo incompetente al borde de la inhabilitación, exige abolir la Monarquía por ciertas noticias publicadas sobre don Juan Carlos, sin que pese sobre éste imputación judicial o medida cautelar que le impidan viajar adonde quiera y volver porque, como a todos los españoles, le asisten los derechos civiles, presunción de inocencia incluido.

Hoy Rosell, del Nido, Pujol, Mas, Griñán, Chaves y González campean a sus anchas sin que nadie se meta con ellos. El primero, con toda razón: la Audiencia Nacional lo absolvió en 2019 tras dos años en prisión preventiva, igual que el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo ha anulado «por juicio injusto» la sentencia por la que Arnaldo Otegui pasó seis años en la cárcel por etarra.

Conclusiones: (1) no hay instituciones corruptas sino personas corruptas y (2) no es culpable de un delito quien sea señalado por la prensa, acusado por sus enemigos políticos o sentenciado en encuestas sino quien resulte condenado de modo inapelable en la última instancia judicial. Lo que está pasando con su anterior jefe demuestra que el Estado español no es de derecho sino de desecho.