Estado de alarma
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EDITORIAL ·
El cierre de la hostelería en La Rioja y otras medidas excepcionales para contener el coronavirus resultan inevitables y reflejan la magnitud de un desafío que apela al compromiso de todosEl Gobierno decretará hoy el estado de alarma frente a la emergencia generada por la curva ascendente del COVID-19 en nuestro país. Era uno de los escenarios previsibles, vista la evolución de la epidemia de coronavirus en China y en Italia. El cabal anuncio ... del cierre, hoy, de toda la hostelería en La Rioja; el confinamiento de la localidad catalana de Igualada y su comarca, la clausura de los municipios costeros de Murcia y la declaración de alerta sanitaria en el País Vasco se adelantaron en horas al anuncio del presidente Sánchez. El artículo 116 y la ley Orgánica que lo desarrolla conceden al Gobierno y a las demás administraciones la base jurídica para adoptar medidas más expeditivas y movilizar los recursos materiales y humanos de que dispone el Estado con el fin de orientarlos prioritariamente contra el COVID-19. Quedan en el aire las preguntas sobre por qué el Ejecutivo Sánchez ha esperado hasta este momento para dar tan definitivo paso, cuando podía haberlo hecho uno, dos o cinco días antes. Pero lo importante ahora es que el estado de alarma, además de la carga persuasoria que conlleva su propia denominación, se haga efectivo para tratar de recuperar el tiempo que haya podido malograrse, y dé lugar a iniciativas compartidas entre el Gobierno central y los autonómicos a partir de la conferencia telemática que Pedro Sánchez mantendrá hoy con los presidentes territoriales. De manera que cada medida vaya unida a otras que no limiten su eficacia e impidan efectos contrapuestos. Que la suspensión de la actividad lectiva en la Comunidad de Madrid y la introducción del teletrabajo iba a desencadenar el desplazamiento de miles de ciudadanos, haciendo de tan inquietante situación una oportunidad vacacional, era más que previsible, y nada parecido puede repetirse con la Declaración de Alarma en la mano.
El objetivo primero ha de ser el afianzamiento de nuestro sistema sanitario, mediante restricciones y confinamientos que reduzcan la transmisión creciente del COVID-19 más allá de su ya inevitable ascenso en los próximos días. Si tras decretarse el estado de alarma continúa habiendo un número notable de ciudadanos reacios a atender las recomendaciones de quedarse en casa o, cuando menos, no salir fuera de su localidad de residencia, el Gobierno y las demás administraciones deberán proceder a la drástica contención de esos viajes innecesarios. Otra de las vertientes de acción que da sentido al estado de alarma es garantizar la infraestructura y los aprovisionamientos que requiere el sistema sanitario. Asegurando además la cobertura de los consumos de la población en cuanto a alimentación y necesidades básicas, junto a los suministros energéticos. La excepcionalidad del momento genera inseguridad, como la que se percibe en el acopio de productos por contagio. Pero sería importante que el próximo lunes ningún responsable institucional se vea obligado a reclamar ayudas en voz alta, y que ninguna persona se sienta empujada a una compra compulsiva de víveres.
El estado de alarma debiera contribuir a la unidad de propósitos en el ámbito político. A que se disipen las diferencias entre las voces de una oposición que ha venido reclamando una actitud más decidida por parte del Gobierno, y la proclividad de éste a atender las señales diarias de la epidemia evitando ponerse en lo peor. Lo peor está a punto de llegar &ndashcomo señaló ayer el lehendakari Urkullu&ndash, de modo que nadie puede desentenderse ni por un minuto del empeño colectivo para atajar un desafío que, comprometiendo la salud pública, pone a prueba la entereza de una sociedad y en peligro su desarrollo económico y su bienestar.
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