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Resulta que algunos actos son delictivos si los comete un particular pero no si los perpetra el Estado, porque entonces son legales según las normas que dicta como juez y parte: legislador, perseguidor y castigador. Usted, por ejemplo, no puede ir zurrando al personal con ... una porra por la calle, ni saltarse los semáforos a toda pastilla, pero la policía sí, porque ejerce el «uso legal de la violencia». Tampoco puede quitarle a la gente su dinero, ni practicar la usura, pero el Estado sí puede crujirles a impuestos con los que retroalimentar a la insaciable bestia estatal, y además extorsionarles con recargos e intereses abusivos si se demoran un minuto en apoquinar, mientras que las administraciones tardan meses en devolver y sin un céntimo de intereses. Los supremos funcionarios, en fin, gozan de «garantías», o sea privilegios como la inviolabilidad, la inmunidad y el aforamiento, que los blindan frente a la acción de una justicia que caerá sobre usted, súbdito pringado, en cuanto alguien lo acuse de algo aún sin motivo.
Por otro lado, si ustedes van a pasar sus vacaciones o disfrutar su jubilación en el apartamento de la costa que tanto sudor de su frente les ha costado, y se encuentran con la cerradura cambiada por delincuentes que han allanado su morada para atrincherarse en ella, con la tranquilidad que proporciona conocer la escandalosa indefensión legal de los propietarios, les esperará un angustioso calvario de muchos meses hasta que la Injusticia expida la orden de desalojar a los «okupas», y entonces se encontrarán su casa expoliada, destrozada y como una pocilga mientras los usurpadores se van de rositas a por la siguiente víctima, con la cariñosa comprensión de uno de los dos partidos políticos que gobiernan España y la aquiescencia del otro. Pues Unidos Podemos Okupar se opone a toda norma legal que agilice el «desahucio» (eufemismo de expulsar a los facinerosos) porque violaría derechos fundamentales, invocando, se necesita valor, el artículo 18.2 de la Constitución Española: «El domicilio es inviolable». El del ocupador ilegal, claro, no va a ser el de su legítimo dueño. Ahora vayan ustedes y «okupen» la dacha de los señores de Iglesias mismamente, o la morada de una señoría de toga o escaño o de cualquier otro notable del Estado y verán lo que tardan las fuerzas de seguridad del Ídem —de la suya, sobre todo— en sacarlos esposados camino del trullo.
Claro que esto nunca ocurrirá porque, para proteger su casa, usted ha de pagar de su bolsillo blindajes, cámaras y alarmas, que tampoco garantizarán su seguridad, mientras que por la de aquellos vigilan día y noche patrullas costeadas con los impuestos de todos. Así que «todos somos Estado», sí, pero sobre todo ellos.
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