Espionaje con ventilador

La revelación oficial de que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados por Pegasus en mayo y junio de 2021, hasta extraer más de 2,6 gigas de datos en el caso del ... primero, dio este lunes una nueva dimensión a la crisis del espionaje denunciado por el independentismo. Cada indicio o prueba de interceptación de comunicaciones al margen de la ley agrava el problema sin facilitar el esclarecimiento de la situación, al tiempo que transmite señales de inseguridad que afectan seriamente a la confianza ciudadana hacia las instituciones. Es la sensación de que el espionaje cibernético se mueve en la impunidad y puede interferir en el funcionamiento de la democracia y en el desempeño de las responsabilidades de los poderes públicos. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, informó de los hechos con un lenguaje críptico al señalar que se trataba de intrusiones «externas» y «sin autorización judicial». Lo hizo dando cuenta de las averiguaciones del Centro Criptográfico Nacional, adscrito al CNI y, por tanto, dependiente del Ministerio de Defensa, cuya titular –en el punto de mira de los socios de Sánchez– eludió comparecer. Ello, en medio de una investigación que se extendería a móviles de otros miembros del Ejecutivo un año después de los ataques revelados, lo que sugiere una desprotección inexplicable del Gabinete en cuanto a la utilización de terminales que se pretendían seguros. Presentada la denuncia correspondiente ante la Audiencia Nacional, se abre la posibilidad de que ese tribunal reclame también para sí la instrucción en marcha en un juzgado de Barcelona sobre los pinchazos telefónicos a dirigentes independentistas. La generalización del problema podría justificar la creación de una comisión de investigación parlamentaria, imposible de avalar jurídicamente en relación a las actividades del CNI. Aunque seguirá quedando en el aire la existencia de un software ideado y comercializado por una compañía en liquidación –NSO– cuyo uso directo o mediante la provisión de servicios no está sujeto a norma o supervisión internacional alguna. A todo ello hay que sumar las dificultades que le supondrá a la Justicia identificar a los responsables de cada ilícito evidenciado. Las serias dudas sobre la existencia del espionaje al Gobierno expresadas por los secesionistas –sus socios y los que no lo son– y la respuesta del PP auguran una agria disputa política.