El espionaje no puede quedar en el limbo

El virus utilizado por ese programa solo se comercializa a gobiernos y ejércitos y lo que consigue es obtener toda la información de un teléfono móvil sin que el afectado llegue a enterarse. Si el CNI utilizó semejante artefacto tuvo que haber contado con la autorización de un magistrado del Tribunal Supremo, lo que no disipa en absoluto las sospechas de que no se hayan respetado plenamente los derechos fundamentales para hacerse con informaciones reservadas que no estaban a su alcance.

Ante semejante maraña, el Gobierno no puede lavarse las manos. La Comisión Europea ya ha insistido en que el Estado español debe «examinar a fondo» las denuncias de los dirigentes independentistas catalanes porque salvaguardar la seguridad nacional sigue siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro de la Unión.

Aquí podría reproducirse también la iniciativa que ha adoptado el Parlamento Europeo. Se trata de comprobar si los teléfonos de los 63 líderes independentistas afectados por el espionaje han sido ciertamente intervenidos por ese virus. Si ellos acceden, por supuesto.

Es evidente que este asunto no puede quedarse en una nebulosa. Su gravedad exige que se conozca toda la verdad, a reserva de que su permanencia en una zona de dudas alimente la argumentación independentista y sirva de inesperado refuerzo para reagrupar sus formaciones políticas, hoy gravemente enfrentadas. El Gobierno de Sánchez no puede seguir en el limbo.