A la espera del Supremo

La instrucción de la Fiscalía General del Estado, de obligado cumplimiento, unifica la actuación de los representantes del ministerio público en las revisiones de condenas por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la ley de 'solo sí es sí'. El decreto de Álvaro ... García Ortiz llega para terminar con la disparidad de criterios de los acusadores en los recursos ya planteados: al menos 17, en los que trece condenados han visto reducidas sus penas y cuatro se han beneficiado directamente de la nueva norma. Las excarcelaciones ascienden ya a media docena. Los fiscales solo apoyarán una rebaja de condena cuando viene obligada por la retroactividad a favor del reo, lo que debería evitar el «automatismo» en la obtención por los agresores de resoluciones más leves. El parecer de la Fiscalía General no es vinculante para los jueces y las sentencias revisadas pueden objetarse todavía ante el Supremo. Mientras audiencias como la de Zaragoza unifican criterios en favor de reducir las penas mínimas y en otros lugares del país se busca fijar una doctrina común, será la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal la que marque jurisprudencia a partir del día 29 con su fallo sobre los recursos del 'caso Arandina'.