El Consejo Interterritorial de Sanidad, que reúne al ministro y a los consejeros autonómicos de Salud, aprobó ayer por mayoría un criterio general para afrontar la segunda ola del COVID -19 con el voto en contra de representantes de los territorios del PP –Madrid, Andalucía, ... Galicia y Murcia– y de la Generalitat catalana, junto al descontento mostrado por el Ejecutivo vasco. La propuesta de partida, que respondía a un aireado entendimiento previo entre el Ejecutivo central y el de Madrid, no fue suficiente para dotar el consenso. Ello cuando su contenido resulta cuestionable por tardío y limitado. El supuesto de 500 casos por 100.000 habitantes durante dos semanas, una tasa del 10% de positivos en los PCR y un 35% de camas de UCI ocupadas por personas con coronavirus dibujan un panorama más propio de una transmisión comunitaria fuera de control que de unos indicadores marcados por un Gobierno europeo para delimitar sus restricciones. La predominancia de los intereses políticos no justifica semejante desdén hacia los criterios científicos y epidemiológicos que manejan la OMS o el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, y que en los países de nuestro entorno están dando lugar a medidas más exigentes.
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Nada de esto le es ajeno, por supuesto, a La Rioja, que soporta la tercera peor tasa de casos por 100.000 habitantes (460) y que empezó a vivir la pasada medianoche confinamientos en Calahorra, Arnedo y Rincón de Soto, cuyas tasas incluso afean con contundencia ese dato regional. Aunque la medida fue adoptada por el Gobierno autonómico cuando las constantes de pandemia de estos municipios progresaban positivamente (pese a incluir entre sus referencias los resultados del cribado al que fueron sometidas), la consejera Alba se declaró convencida ayer en sede parlamentaria de que «las actuaciones dan frutos, pero no en tiempo real, sino que deben pasar entre siete y catorce días».
La orden ministerial a que darán lugar las conclusiones del Consejo Interterritorial de Salud de ayer deberá ser atendida por todas las comunidades autónomas, y muy en especial por la Comunidad de Madrid, que cuenta con diez municipios de más de 100.000 habitantes que registran los parámetros epidemiológicos señalados. España, que es noticia por la alta tasa de contagio, no puede seguir siéndolo porque sus instituciones de gobierno desatiendan las recomendaciones de los especialistas y se confronten a diario.
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