España en evidencia

El Consejo Interterritorial de Sanidad, que reúne al ministro y a los consejeros autonómicos de Salud, aprobó ayer por mayoría un criterio general para afrontar la segunda ola del COVID -19 con el voto en contra de representantes de los territorios del PP –Madrid, Andalucía, ... Galicia y Murcia– y de la Generalitat catalana, junto al descontento mostrado por el Ejecutivo vasco. La propuesta de partida, que respondía a un aireado entendimiento previo entre el Ejecutivo central y el de Madrid, no fue suficiente para dotar el consenso. Ello cuando su contenido resulta cuestionable por tardío y limitado. El supuesto de 500 casos por 100.000 habitantes durante dos semanas, una tasa del 10% de positivos en los PCR y un 35% de camas de UCI ocupadas por personas con coronavirus dibujan un panorama más propio de una transmisión comunitaria fuera de control que de unos indicadores marcados por un Gobierno europeo para delimitar sus restricciones. La predominancia de los intereses políticos no justifica semejante desdén hacia los criterios científicos y epidemiológicos que manejan la OMS o el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, y que en los países de nuestro entorno están dando lugar a medidas más exigentes.