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El acuerdo anunciado ayer entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo en las mismas condiciones que en la actualidad era una necesidad objetiva que permite amortiguar los efectos sobre el empleo de la grave crisis desatada ... por la pandemia. La prioridad de proteger a los más de 750.000 trabajadores acogidos todavía a esta fórmula y a las empresas que los emplean, cuyo futuro también permanece en el alero, justifica el entendimiento, que no oculta crecientes diferencias de criterio entre los interlocutores de un diálogo social que, si siempre es saludable, resulta esencial en una coyuntura tan delicada. Sin embargo, sería ingenuo ignorar las brechas que aparecen en él. Prueba de ellas son las primeras movilizaciones contra el Ejecutivo convocadas por CCOO y UGT para exigir la subida del salario mínimo y la derogación de la reforma laboral y del sistema de pensiones, unas demandas que han sido objeto de pública controversia entre los ministros del PSOE y de Unidas Podemos. El Gobierno habrá de aclarar sus contradicciones internas en medio de la presión de los sindicatos por un lado y de Bruselas por otro con las ayudas millonarias de fondo.
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