La contraposición de intereses entre quienes defienden la preservación del lobo y los que abogan por limitar su población, dados los perjuicios que provoca, hace que cualquier medida al respecto nunca satisfaga a todas las partes. La decisión de prohibir la caza de ... esta especie, pactada entre Ministerio y comunidades de manera muy ajustada y no sin tensión, constituye el último ejemplo. Un acuerdo que el Gobierno de La Rioja ha apoyado frente al malestar de ganaderos y otros colectivos, que observan la medida como un paso más, quizás definitivo, hacia la descapitalización económica y social del entorno rural. En un contexto de despoblación y trabas para la supervivencia de una parte esencial de la comunidad, la protección que se concede al lobo reclama al menos contrapartidas para quienes padecen sus ataques, como articular ayudas y otros recursos destinados a compensar a los que desarrollan su actividad en esa parte de la región e insuflan vida de forma continuada. El equilibrio de sensibilidades dispares no resulta fácil, pero la ecuación entre la defensa de la biodiversidad y la economía de los pueblos no puede dar como resultado una Rioja rural amenazada.

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