La reforma legal promovida por el Gobierno para suprimir el delito de sedición y rebajar el de malversación, a fin de granjearse el apoyo de ERC a los Presupuestos, desató una tormenta política e institucional que ahora está derivando en un enredo jurídico, a la ... espera de lo que dictamine el Supremo sobre los líderes del 'procés' ya condenados y la evolución de las actuaciones del juez Llarena contra Carles Puigdemont y el resto de los huidos. Un enredo que nace de la inspiración que guio el cambio en el Código Penal, que no fue tanto perfeccionar la legislación homologándola a parámetros europeos, según se justifica el Gobierno, como satisfacer un estado de necesidad política. Y mientras que la concesión de los indultos constituyó un paso en el que el Ejecutivo arrostraba en exclusiva sus consecuencias, esta reforma legislativa compromete a los operadores jurídicos implicados con discrepancias entre Llarena, por una parte, y la Fiscalía y la Abogacía del Estado por otra. Habrá que aguardar a la Sala Segunda del Supremo para ver hasta dónde llega el desmontaje penal de las condenas a los dirigentes independentistas y su rehabilitación política. Pero el resultado por ahora es la banalización de los graves hechos del 'procés' y el tensionamiento de las costuras del Estado de derecho.

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