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El Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos parece abocado a retratarse de nuevo ante las dificultades que encuentra para asegurar la convalidación en el Congreso, el 3 de febrero, de la reforma pactada con las organizaciones empresariales y los sindicatos CC OO y UGT. A ... la resistencia de ERC, EH Bildu y en menor medida el PNV para secundar el texto surgido del diálogo social se le contrapone la disposición mostrada por Ciudadanos para salvar la reforma laboral si el Gobierno no modifica su articulado. Ello obligaría al Ejecutivo Sánchez a decidirse entre mantener el compromiso con la CEOE gracias al apoyo de los 9 parlamentarios que lidera Inés Arrimadas y otros a costa de perder el favor de los grupos nacionalistas en esta tramitación legislativa, o preservar a todo trance la mayoría de la investidura siempre que CC OO y UGT estén de acuerdo con los cambios a introducir en el texto inicial.
La manifestación convocada para el domingo 30 de enero por ELA, LAB y otros sindicatos contra la reforma laboral en el País Vasco hacen prácticamente imposible que EH Bildu vote a favor. Del mismo modo que el propósito de ERC de dejar su impronta en la reforma laboral, situándose a la izquierda de la izquierda, no parece compatible con la posición empresarial. De manera que el Gobierno de coalición, y sobre todo su parte socialista, no tiene más remedio que prescindir de alguien con el que ha contado hasta ahora. Puede prescindir de la CEOE, en la esperanza de que la patronal no se enoje en exceso con los fondos europeos por medio, volviendo a dar por amortizada la presencia de Ciudadanos en la vida parlamentaria. O puede prescindir de la izquierda independentista en la confianza de que ERC y EH Bildu necesitan de Pedro Sánchez tanto como lo que éste requiere de su concurso en esta y en la próxima legislatura.
Es más que probable que la encrucijada se decante en el último minuto de la tramitación de la reforma laboral en el Congreso. Porque hasta la demanda del PNV para apuntalar el marco autonómico de relaciones laborales se enfrenta a la paradoja de que la mayoría sindical en Euskadi (ELA y LAB) rehuye el diálogo social y la concertación de los que parte la reforma y que ésta busca institucionalizar. Al tiempo que la territorialización pretendida de las relaciones laborales incomoda sobremanera a los dos sindicatos que han acordado la reforma, CC OO y UGT.
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