Emergencia institucional

En la pugna que mantienen los dos principales partidos del país, es la vertiente que se desploma más a espaldas del sentir ciudadano. Una cuita ensimismada que aparenta ser poco menos que cortesana, y que lleva tiempo afectando al funcionamiento de la Justicia y al crédito de su administración. Pero aunque Carlos Lesmes tenga todos los motivos para requerir el acuerdo al respecto entre el PSOE y el PP, incluso en ese orden, sería engañoso dibujar el panorama como resultado de una excesiva politización de las instancias constitucionales entre izquierda y derecha siguiendo instrucciones de ambos partidos. Cuando estos obedecen en parte a pulsiones que socialistas y populares pudieron alentar hace años en la Judicatura, pero que hoy presentan dinámicas propias, reacias al entendimiento entre el PP de Núñez Feijóo y el PSOE de Sánchez en la materia. Como si de facto cualquier cenáculo pudiera erigirse en la encarnación del cambio normativo que –atendiendo también a las indicaciones de la UE– ponga el gobierno de la justicia en manos de los jueces antes de que así lo determinen las Cortes Generales. Carlos Lesmes amagó ayer con dimitir, conteniéndose ante tal posibilidad para preservar la estabilidad institucional de España. Pero puede que tanto los encelados en la disputa de un poder político que perdure más allá del Parlamento como las derivas en la Judicatura no le dejen más remedio que hacer efectivas sus insinuaciones, cuando el Constitucional está en riesgo de acabar en entredicho por todas partes.