Emergencia económica

La inflación cerró febrero en el 7,6%, el nivel más alto en 35 años. Pese a ello, apenas refleja el impacto de la operación militar del Kremlin, que ha desatado tal avalancha de subidas que se da por segura su escalada por encima del 10% a corto plazo, sin que sea presumible un ascenso equivalente de los salarios. Al lastre que un IPC fuera de control supone para el consumo –el pilar esencial de la reactivación– se le suma la parada de la producción que compañías de diversos sectores ya han anunciado o se plantean por unos inasumibles costes energéticos. Todo ello, junto a un presumible frenazo del turismo y la inversión, penalizará el empleo y dibuja una emergencia económica cuyo final no será indoloro ni rápido.

No es momento de demagogias ni evasivas, sino de encarar con urgencia y decisión una aguda crisis que exigirá sacrificios y renuncias. Bueno es que la ciudadanía se conciencie cuanto antes de ello. Mejor sería aún contar con una hoja de ruta para salir de este atolladero que concite el máximo consenso político y de los agentes sociales. Se trata de un desafío mayúsculo que presenta una dificultad añadida: las arcas públicas están casi sin margen para medidas paliativas que engrosen una deuda y un déficit disparados tras el excepcional esfuerzo para combatir la covid.