La titular de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja, Raquel Romero, eludió informar en su última declaración «de bienes e intereses», –obligatoria para todos los miembros del Ejecutivo– de la propiedad de un piso que adquirió en Logroño ... en mayo del año pasado, cuando ya era miembro del Gabinete de Andreu. Un olvido en el que habría incurrido ya seis meses antes, en el documento en el que dejó testimonio de sus haberes y patrimonio ante el Parlamento regional, una exigencia similar a la anterior derivada en este caso de su condición de diputada. Aunque desde el Gobierno se excusó a la consejera apelando a razones burocráticas y se adujo que, en puridad, tendría hasta un año para actualizar su nómina de bienes, la actuación de Romero es inadmisible. E incomprensible si se atiende a que de su departamento depende el área de Transparencia. Aunque en la más benevolente de las interpretaciones se aceptase como válida la teoría de la burocracia, o la del retraso como consecuencia de un 'despiste', tales razones no harían sino evidenciar una actuación negligente en una cuestión delicada incompatible con una gestora de lo público que se ocupa de la Transparencia y que trufa sus contados mensajes públicos de una pretenciosa ejemplaridad de la que, ha demostrado, carece.

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