Dos meses en la Unidad de Intensivos y un par de semanas más en una planta del Hospital San Pedro resumen la vida de Marcelo Barrero hasta el pasado día 19. Diez semanas largas de angustia y de miedo. El relato de su historia lo recogen hoy estas páginas al lado de la noticia de que la Policía ha tramitado durante el fin de semana pasado hasta 60 denuncias por reuniones entre personas no convivientes, las únicas que permiten las restricciones vigentes en La Rioja. Grupos de jóvenes, menores muchos de ellos, que desatienden la norma como si no fuera con ellos o como si su actitud despreocupada, insolente, no pudiese afectar a la salud de su entorno familiar y a la de todos. La urgencia que impone la actual coyuntura no deja apenas margen para otras didácticas que no sean la de la multa coercitiva o la familiar. La primera no es la más deseable, porque responde al fracaso del sistema; la segunda, la intervención familiar, es tan indispensable como socialmente exigible. Más allá de casos extremos, a los padres y madres les corresponde ser los garantes del comportamiento cabal de los hijos. Se llama educación. Una obligación irrenunciable por la salud de todos. Para evitar que otros Marcelos tengan que contar una historia semejante.
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