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En lugar de poner orden en los diecisiete reinos de taifas en los que está dividida la enseñanza en España, que es un problema que existe, y tremendo, el Ministerio que dirige Isabel Celaá está empeñado en levantar un obstáculo donde no lo había: en ... la cohabitación entre la escuela pública y la escuela concertada. Nuestro Gobierno autonómico, entusiasmado por los planes ministeriales (pensar que Andreu está azuzada por IU es una simplicidad), se ha apresurado presto a que esta bonita y pintoresca región sea pionera en levantar el muro. Pero uno bien grande. Para que dentro de él queden proscritos todos los colegios concertados de la comunidad, a los que curso tras curso ir retirando líneas. Financiación, para ser más francos, en la justificación de que es «dinero de todos». Eso sí, pasando de soslayo por un asuntillo menor: que esos recursos proceden de la misma cesta de impuestos a la que todos aportamos según nuestros ingresos, no en función de qué educación queremos para los hijos.
El segundo gran argumento es que la concertación escolar se implantó en la década de los 80 para complementar a una red pública incapaz de atender toda la demanda de aulas de aquellos años. Y hasta podría tener su punto esta razón. Pero... hombre. ¿Cómo es posible que el mismo Gobierno que se aferra a este razonamiento recupere al 100% el Impuesto de Patrimonio, cuando hace muchos más años perdió todo sentido porque Hacienda ya conoce perfectamente los bienes y derechos que tienen los contribuyentes?
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