Un acuerdo necesario

El propio hecho de que el conflicto laboral haya suspendido medio millón de juicios y vistas en el conjunto del país, y paralizado 30 millones de actuaciones judiciales advierte de la gravedad de una situación que el Gobierno no puede posponer en el caso de los funcionarios de Justicia, ni afrontar con parsimonia en la continuidad de su diálogo con jueces y fiscales. La Justicia no es sólo uno de los tres poderes del Estado. Su administración constituye un requisito básico para que los ciudadanos se vean protegidos, hasta ante el mínimo litigio, por el Estado de Derecho. El requisito de que los procedimientos no se dilaten por razones ajenas a su propia complejidad resulta básico para ello. Si hay alguna garantía que deban concertar el Ministerio, las autonomías en el desempeño de sus competencias, y los profesionales de la Justicia representados por una pluralidad de asociaciones, es que en España no se imparta Justicia a tiempo a causa de conflictos laborales.

La de ayer fue la quinta reunión negociadora en lo que llevamos de mes, y la contenida flexibilidad mostrada por el Gobierno entre los 44 millones iniciales y los 46,7 finales no parece acorde a la disponibilidad que maneja Hacienda y de la que hace gala el Ejecutivo de Sánchez esta campaña. Sobre todo cuando lo que importa es que la Justicia siga funcionando sin sobresaltos más propios de un sector económico pendiente de inaugurar su propio convenio colectivo.