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Resulta escandaloso que la condena a Laura Borràs a cuatro años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad continuada siga sin sustanciarse en su renuncia a la presidencia del Parlamento de Cataluña, de cuyas funciones está suspendida desde su ... procesamiento. El terco enrocamiento en el puesto de la líder de Junts, mientras los demás partidos y la Generalitat redoblan la presión para apartarla de él, es incompatible con la ética y la dignidad exigibles a los responsables institucionales. Sus demagógicos ataques al Tribunal Superior en un tono propio del trumpismo obvian que ha sido sentenciada no por independentista, como ella pretende hacer creer con tanto victimismo como torpes argumentos, sino por corrupta: por trocear contratos a favor de un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. El reglamento de la Cámara impide destituirla y permite mantener el cargo en suspenso hasta que el Supremo se pronuncie sobre el recurso anunciado por Borràs. Junts, que se resiste a cambiar esa regulación, debería ser el primer interesado en forzar la retirada de su presidenta de la vida pública y sustituirla al frente del Parlament por el prestigio de las instituciones.
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