Las dudas del impuesto

El encuentro de la vicepresidenta Nadia Calviño con los máximos responsables de las principales entidades financieras españolas, en presencia del gobernador del Banco de España, debía paliar la falta de información del sector ante el anuncio por parte del presidente del Gobierno de un gravamen ... especial sobre los beneficios extraordinarios que los bancos obtengan «de la subida de tipos de interés», en palabras de Pedro Sánchez. El Gobierno no está ni legal ni consuetudinariamente obligado a negociar el sentido y alcance de sus propósitos tributarios con las compañías concernidas. Pero tampoco puede pretender que estas y sus accionistas acepten unas u otras medidas renunciando de antemano a recurrirlas judicialmente o a compensar sus efectos con decisiones que se sitúen al amparo de la ley. El presidente Sánchez anunció el nuevo tributo al inicio del debate sobre el estado de la nación en el Congreso. Pero desde entonces, el Gobierno no ha sabido explicar en qué medida intenta reequilibrar socialmente con ello los costes y sacrificios de la inflación y en qué medida aspira a fijar principios para una reforma fiscal que se pospone –paradójicamente– a causa de las sucesivas crisis. La invectiva de Alberto Núñez Feijóo de que el presidente «no busca soluciones sino culpables» no es solo una ocurrencia partidaria. Refleja la inquietud de quienes, aun sabiendo o intuyendo que las obligaciones hacendísticas no están bien repartidas, mantienen dudas sobre los efectos reales de un anuncio tan ideologizado en su expresión. Dudas sobre si realmente contribuirá a que los españoles cuenten con un erario mayor y más saneado, en cuanto a déficit, deuda y disponibilidad de gasto social. Dudas sobre si la colisión del Gobierno progresista con el sistema bancario beneficiará realmente a la mayoría del país o supondrá una hipoteca añadida. Dudas sobre hasta qué punto el anuncio sorpresa de Sánchez está forzando al propio Gobierno a improvisar el articulado de una norma que dé apariencia de solidez jurídica a una iniciativa cuyos términos finales nadie conoce. El diario de sesiones del Congreso recogerá la literalidad de ese anuncio: un impuesto especial sobre beneficios extraordinarios obtenidos por la banca española a causa de decisiones adoptadas por el Banco Central Europeo frente a la inflación como consecuencia de la guerra –no declarada– de Putin. Un anuncio imposible de traducir como nueva legalidad.