Dualidad independentista

El juicio del 'procés' quedó ayer visto para sentencia, tras la exposición final de las defensas y el turno de última palabra correspondiente a los doce acusados. El tribunal presidido por Manuel Marchena se dispone a emitir su veredicto sobre hechos que la Fiscalía y la acusación de Vox han calificado de rebelión y la Abogacía del Estado de sedición, y en los que concurren también los tipos de malversación y desobediencia. Después de cuatro meses de vista oral, las acusaciones se han ratificado en su postura inicial. Después de ese mismo tiempo, los acusados acabaron ayer deplorando que la «mala política» -en palabras de Oriol Junqueras- haya comprometido al Tribunal Supremo en un litigio que debiera dirimirse al margen de la jurisdicción penal, cuando sus alegatos iniciales enjuiciaron al Estado constitucional por sus déficits democráticos. Abogados y acusados insistieron en que no hubo una declaración unilateral de independencia, ni actuación alguna en ese sentido que traspasara el ejercicio legítimo de derechos fundamentales. Argumento que puede tener su sentido como estrategia de defensa pero que desmonta de arriba abajo la imaginería independentista, cuando sus dirigentes se remiten al escrutinio del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 como mandato que trazaría un antes y un después en el destino de Cataluña. No parece concebible que lo que para la defensa sería un mero acto de desobediencia -en palabras del letrado Xavier Melero- pudiera adquirir semejante trascendencia en la historia de ese pueblo uniforme que describe el secesionismo. Si a su entender las acusaciones se basan en la exageración y en la tergiversación de los hechos acaecidos, si no hubo un acto premeditado de obstrucción a la justicia durante horas ante el departamento de Economía de la Generalitat, si la celebración del referéndum ilegal fue solo una manifestación de desobediencia civil frente al TC, y si la DUI no tuvo lugar porque al final nadie se hizo cargo, los responsables de todo ello -incluidos Puigdemont y su heredero Torra- debieran reconocerlo expresamente, alegando que se trató de una sucesión de protestas sin mayor alcance.