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Hay unanimidad en que la reforma de la Ley Electoral General (Loreg) de 2011, aprobada por el Gobierno de Zapatero y apoyada por PP y otros partidos, que estableció el voto rogado para los españoles en el extranjero fue una chapuza. Con el argumento cierto ... de que había que controlar el fraude (se detectaron votos de fallecidos), se estableció un procedimiento engorroso, que básicamente consiste en que cada votante tiene que solicitar (rogar) a la autoridad electoral el ejercicio del derecho, y ha de ser esta autoridad la que movilice a la oficina del censo correspondiente para que proporcione al elector la documentación que posibilite el voto. Con frecuencia, todo este engorroso proceso culmina demasiado tarde. Todos los partidos coinciden en que hay que simplificar el voto de los españoles en el exterior pero ha habido desidia. En febrero pasado, PSOE y Podemos registraron una iniciativa en el Congreso para reformar la Loreg, tramitada por el procedimiento de urgencia para que surtiera efecto antes de las autonómicas de mayo decayó con el adelanto de las generales. Y persiste la paradoja de que mientras se dispara el censo electoral de residentes ausentes -ha pasado de menos de millón y medio en 2008 a más de dos millones en enero de 2019-, la participación se ha desplomado (del 31,9% en 2008 al 6,3% en 2016). Aunque irremisiblemente tardía, la reforma debe ser abordada cuanto antes.
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